La campaña ciudadana gana peso político en la Unión Europea con un respaldo oficial clave.
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La iniciativa europea Stop Killing Games sigue sumando apoyos relevantes. Esta semana, Nicolae Ștefănuță, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha firmado públicamente la petición que reclama a las empresas mantener los videojuegos en estado funcional una vez han sido vendidos. “El juego, una vez vendido, pertenece al cliente, no a la empresa”, declaró el político rumano.
Este respaldo refuerza el objetivo principal del movimiento: evitar que los distribuidores puedan desactivar videojuegos en remoto sin ofrecer antes una alternativa para seguir jugándolos, algo que ha ocurrido en casos recientes como The Crew, Anthem y otros títulos ligados a servidores online. La campaña busca preservar el derecho del consumidor sin entrar en conflicto con la propiedad intelectual ni con los modelos de negocio de las editoras.
Qué propone la campaña Stop Killing Games en Europa
La petición ciudadana solicita a la Unión Europea que obligue a los distribuidores de videojuegos a garantizar el acceso funcional a los títulos vendidos o licenciados, al menos en una versión básica que no dependa de servidores controlados por la propia empresa. Es decir, si un juego deja de tener soporte activo, debe quedar en un estado razonablemente jugable para quien ya lo compró.
En ningún momento se pide el acceso al código fuente ni a los derechos comerciales de los títulos. Tampoco se exige que el distribuidor mantenga servidores o recursos activos para siempre, sino simplemente que el juego no quede inutilizable tras un cierre unilateral. Con el respaldo de miembros del Parlamento Europeo, esta campaña podría dar el salto a una fase legislativa en los próximos meses.
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